LOS CIBERDELITOS AUMENTARON UN 32% DURANTE EL AÑO 2020
La ciberdelincuencia se disparó durante la pandemia, así lo refleja el ultimo informe de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado registraron durante el año 2020 un 32% más de ciberdelitos, lo que supone que el 16% de todos los delitos que se cometen en España están relacionados con ataques basados en ingeniería social.
Entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d' Esquadra y otros cuerpos de policía local localizaron un total de 287.963 hechos delictivos vinculados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Del total de estos ciberdelitos, el 89,6% (257.907) fueron fraudes informáticos tales como estafas, suplantaciones de identidad o robo de datos. Muy por detrás le siguen las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet que representan el 4,9% del total, lo que se traduce en 14.066 casos.
Según el informe, el perfil de ciberdelincuente que se encuentra de manera más habitual es el de un hombre de nacionalidad española y de entre 26 y 40 años. Este tipo de perfil suele estar implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas, coacciones y delitos sexuales. Desde el punto de vista geográfico, la distribución de delitos relacionados con la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales. La mayoría de ciberdelitos estuvieron enfocados al sector tributario y financiero (52,5 %), seguido del transporte (24,08 %) y la energía (14,05 %).
"Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad", señala el documento. Además, según los datos y la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) durante el año pasado se reportaron 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2% más respecto al año anterior, de acuerdo con la información
El Centro Criptológico Nacional (CNN-CERT), encargado de contribuir a la ciberseguridad de la administración pública, los organismos públicos y empresas estratégicas del país asegura que la ciberdelincuencia ha estado muy vinculada a la pandemia de COVID-19. La situación provocada por este fenómeno ha propiciado el incremento de numerosos y variados ataques como operaciones de influencia, robo de información y hasta campañas de ransomware.
En relación a las tendencias previstas, la pandemia de COVID-19 seguirá jugando un papel fundamental en muchas de las amenazas y riesgos, muchos de ellos relacionados directamente con el aumento del teletrabajo. Tal y como señala el Informe de Ciberamenazas y Tendencias de 2020 realizado por el Centro Criptológico Nacional, el creciente uso de soluciones en la nube, conexiones VPN, servicios de escritorio remoto virtual (VDI) o uso de herramientas colaborativas, y aplicaciones de videoconferencia provocará que los ataques a los sistemas públicamente expuestos continúen creciendo.
Asimismo, es previsible que los ataques relacionados con dispositivos personales o redes domésticas también se incrementen. El objetivo principal de los ciberdelincuentes en este caso será acceder a la infraestructura de la organización del empleado y a través de ella conseguir datos personales o comprometidos con distintas intenciones entre las que el ciberespionaje será una de los principales. Por último, según destaca el informe, es de esperar también que los ataques a farmacéuticas y laboratorios dedicados a la investigación de la COVID-19 aumenten.
Para ponerle freno a la comisión de este tipo de delitos y potenciar las capacidades de combatir esta modalidad delictiva el pasado 18 de febrero se creó el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad. Esta medida fue aprobada por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior y tiene como objetivo principal dotar al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas diferentes: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
El diseño de este plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), ha contado con la participación de responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas. Asimismo, ha contado también con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como con la participación de otros sectores la banca, universidades y otras instituciones privadas.