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El Gobierno ha decidido aplazar hasta después del verano la aprobación del nuevo decreto de vivienda, una de las medidas previstas para cerrar el curso político. La decisión llega ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes y las diferencias entre varios socios del Ejecutivo sobre el contenido final del texto.

El decreto incluía medidas para regular los alquileres de temporada, los alquileres por habitaciones y una posible prórroga de hasta dos años para determinados contratos de alquiler, con el objetivo de ofrecer más estabilidad a los inquilinos. Según informó RTVE, esa prórroga afectaría a contratos que venzan hasta el 30 de junio de 2028.

Las discrepancias se concentran en varios puntos del borrador. Junts, Podemos y el PNV han planteado exigencias distintas sobre la regulación del alquiler, los incentivos fiscales, la ley del suelo y la protección de inquilinos y propietarios. El Ejecutivo mantiene que sigue negociando y que intentará recuperar el acuerdo tras el verano.

La vivienda continúa siendo uno de los principales problemas sociales en España, especialmente para jóvenes, estudiantes y familias con menos recursos. El retraso del decreto deja en pausa una reforma que buscaba intervenir en uno de los mercados más tensionados del país.

Para la comunidad universitaria, el debate tiene una lectura directa: compartir piso, alquilar una habitación o encontrar vivienda cerca del lugar de estudio se ha convertido en una dificultad creciente. Y cuando el alquiler sube, la calculadora del estudiante empieza a echar humo antes que el portátil.

España afronta una semana clave en materia climática y de salud pública. El Gobierno ha anunciado una inversión de 19 millones de euros destinada a reforzar la red de refugios climáticos, crear nuevos espacios seguros frente al calor extremo, impulsar infraestructuras verdes en ciudades y pueblos y poner en marcha el Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático. La medida se presenta en un contexto especialmente delicado, con incendios activos en distintas zonas del país y con AEMET alertando de una nueva ola de calor a partir de este miércoles 29 de julio.

La iniciativa fue presentada este lunes en Madrid por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación de la Red nacional de Refugios Climáticos, celebrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según La Moncloa, el Ejecutivo destinará 10 millones de euros a financiar nuevos refugios climáticos, incluidos centros educativos, y otros 9 millones de euros a proyectos de renaturalización urbana e infraestructuras verdes.

Los refugios climáticos son espacios diseñados para proteger a la población durante episodios de temperaturas extremas. Pueden ser edificios públicos, bibliotecas, centros culturales, colegios, instalaciones administrativas, zonas verdes, parques con sombra o espacios acondicionados para ofrecer descanso, hidratación y temperaturas más seguras. Su función no es sustituir a las medidas de emergencia, sino ofrecer una red preventiva y accesible para quienes más sufren los efectos del calor: personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas, familias con menos recursos, trabajadores expuestos y ciudadanos que viven en viviendas mal aisladas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, detalló que la Administración General del Estado pone a disposición de la ciudadanía 180 refugios climáticos en todo el territorio nacional, abiertos cada verano entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. Además, se ha anunciado una guía y un mapa público que incluye 1.100 refugios climáticos para facilitar su localización por parte de la ciudadanía.

La medida cobra especial importancia por la previsión meteorológica de los próximos días. AEMET ha emitido el Aviso Especial de Fenómenos Adversos número 26/2026 por una ola de calor que comenzará el miércoles 29 de julio y que se prolongará, al menos, hasta el domingo 2 de agosto. La agencia sitúa el grado de probabilidad en alto, del 70%, y señala como zonas especialmente afectadas los valles fluviales del cuadrante suroccidental, el valle del Ebro, las depresiones del noreste y Canarias.

Este nuevo episodio de calor llega tras semanas de temperaturas elevadas y en paralelo a una situación de incendios que mantiene en alerta a varias comunidades autónomas. En su intervención, Sánchez vinculó la necesidad de reforzar la adaptación climática con el aumento de fenómenos extremos, al señalar que los incendios, las olas de calor y la vulnerabilidad del territorio ya no pueden tratarse como hechos aislados. Según los datos citados por La Moncloa en el acto, en lo que va de 2026 los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en España, han fallecido 13 personas por incendios y las muertes atribuidas al calor superarían las 3.800.

Más allá de la respuesta inmediata, el Ejecutivo plantea esta red como una herramienta de adaptación a largo plazo. La idea es que ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones pongan infraestructuras públicas al servicio de la ciudadanía en los momentos de mayor riesgo. Según La Moncloa, el despliegue de la red atenderá a criterios de vulnerabilidad para evitar que la edad, los ingresos o la falta de zonas verdes se conviertan en una barrera frente al calor extremo.

La adaptación de los centros educativos aparece como uno de los puntos más relevantes. El Gobierno defiende que el calor extremo afecta directamente al aprendizaje y a la seguridad en las aulas. En este sentido, Sánchez afirmó que “en un aula a más de 30 grados no se puede estudiar ni aprender con normalidad” y recordó que el Ejecutivo ha movilizado más de 1.000 millones de euros de fondos Next Generation para rehabilitar edificios públicos. También señaló que el mes pasado se anunciaron 200 millones de euros con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para adaptar y climatizar colegios.

El anuncio tiene una lectura especialmente cercana para la comunidad educativa y universitaria. En plena época de verano, prácticas, bibliotecas abiertas, preparación de exámenes, cursos intensivos y desplazamientos diarios, el calor extremo no es solo una incomodidad: puede afectar al rendimiento, al descanso, a la concentración y a la salud. Las universidades, bibliotecas, centros de estudio y espacios públicos pueden convertirse en puntos clave de protección si cuentan con climatización adecuada, horarios accesibles, agua, sombra y señalización clara.

La creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático es otro de los elementos centrales del anuncio. Según el Gobierno, se trata de un órgano asesor formado por investigadores españoles cuya tarea será ayudar a anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y orientar decisiones con criterios científicos, independencia y conocimiento.

La puesta en marcha de este panel busca reforzar la conexión entre ciencia y política pública. En un escenario de fenómenos extremos cada vez más frecuentes, las administraciones necesitan datos actualizados para decidir dónde ubicar refugios, cómo priorizar barrios vulnerables, qué edificios rehabilitar, qué zonas verdes ampliar o qué protocolos activar en episodios de calor. No se trata solo de reaccionar cuando el termómetro se dispara, sino de planificar antes de que la ciudad se convierta en una sartén con línea de Metro.

La renaturalización urbana forma parte de esa estrategia. Plantar árboles, recuperar sombra, reducir superficies asfaltadas, crear corredores verdes, mejorar la ventilación urbana y adaptar edificios son medidas que pueden ayudar a reducir el efecto isla de calor. En grandes ciudades como Madrid, donde el asfalto y el tráfico retienen temperatura durante horas, estos cambios pueden marcar diferencias importantes, especialmente en barrios con menos arbolado o viviendas peor preparadas.

La propuesta también abre un debate sobre desigualdad climática. No todas las personas afrontan una ola de calor en las mismas condiciones. Quien vive en una vivienda bien aislada, con aire acondicionado y zonas verdes cercanas no sufre el calor de la misma manera que quien reside en un piso antiguo, mal ventilado o sin recursos para mantener una temperatura segura. Por eso, los refugios climáticos pueden convertirse en una herramienta de justicia social, siempre que sean accesibles, estén bien distribuidos y tengan horarios útiles.

En el caso de Madrid, este tipo de medidas resultan especialmente relevantes por la combinación de altas temperaturas, densidad urbana, desplazamientos diarios y población vulnerable. La capital cuenta con bibliotecas, centros culturales, centros de mayores, instalaciones deportivas y edificios públicos que podrían funcionar como espacios de alivio climático si se integran en una red clara y fácil de consultar.

AEMET insiste en que el episodio de calor previsto desde el 29 de julio tendrá una duración mínima hasta el 2 de agosto, por lo que las recomendaciones de prevención vuelven a ser esenciales: evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia, reducir esfuerzos físicos, usar ropa ligera, proteger a menores y mayores, prestar atención a personas que viven solas y seguir los avisos oficiales.

La clave, sin embargo, está en no limitar la respuesta al consejo individual. Beber agua y buscar sombra ayuda, pero no basta si las ciudades no ofrecen espacios seguros, si los colegios no están adaptados, si los barrios carecen de arbolado o si las personas vulnerables no saben dónde acudir. La emergencia climática exige medidas personales, sí, pero también políticas públicas sostenidas.

Con este anuncio, el Gobierno sitúa los refugios climáticos en el centro de la conversación pública sobre adaptación al calor extremo. La medida llega en un verano especialmente complejo y con una nueva ola de calor a las puertas. Ahora el reto será convertir los recursos anunciados en espacios reales, visibles y útiles para la ciudadanía.

Porque el calor extremo ya no es solo una previsión meteorológica: es una cuestión de salud, educación, urbanismo y convivencia. Y en ese escenario, cada sombra, cada edificio acondicionado y cada punto de agua pueden ser mucho más que un alivio momentáneo: pueden ser una forma concreta de proteger vidas.