El Gobierno ha decidido aplazar hasta después del verano la aprobación del nuevo decreto de vivienda, una de las medidas previstas para cerrar el curso político. La decisión llega ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes y las diferencias entre varios socios del Ejecutivo sobre el contenido final del texto.
El decreto incluía medidas para regular los alquileres de temporada, los alquileres por habitaciones y una posible prórroga de hasta dos años para determinados contratos de alquiler, con el objetivo de ofrecer más estabilidad a los inquilinos. Según informó RTVE, esa prórroga afectaría a contratos que venzan hasta el 30 de junio de 2028.
Las discrepancias se concentran en varios puntos del borrador. Junts, Podemos y el PNV han planteado exigencias distintas sobre la regulación del alquiler, los incentivos fiscales, la ley del suelo y la protección de inquilinos y propietarios. El Ejecutivo mantiene que sigue negociando y que intentará recuperar el acuerdo tras el verano.
La vivienda continúa siendo uno de los principales problemas sociales en España, especialmente para jóvenes, estudiantes y familias con menos recursos. El retraso del decreto deja en pausa una reforma que buscaba intervenir en uno de los mercados más tensionados del país.
Para la comunidad universitaria, el debate tiene una lectura directa: compartir piso, alquilar una habitación o encontrar vivienda cerca del lugar de estudio se ha convertido en una dificultad creciente. Y cuando el alquiler sube, la calculadora del estudiante empieza a echar humo antes que el portátil.
